Las demandas por la gestión de las residencias durante la COVID-19 se han disparado por particulares o asociaciones de familiares.

La crisis del coronavirus se ha cebado con las residencias de ancianos y los más mayores. Ahora, diferentes colectivas y particulares están interponiendo en los tribunales demandas por la gestión de las residencias de ancianos.

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Según datos de las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales de distintas comunidades autónomas, y recogidos por medios de comunicación, en torno al 9% de los ancianos de las residencias fallecieron en España.

Es decir, al menos 29 000 personas residentes en centros de mayores murieron a causa de la crisis de COVID-19.

Si dicho porcentaje se desglosa por comunidades, se observa que este número aumenta al 17% en La Comunidad de Madrid, al 14% en Castilla-La Mancha y al 11 % en Castilla y León y Extremadura.

Estas cifras ponen de manifiesta el gran impacto de la COVID-19 en las residencias de ancianos y cómo se gestionó en los diferentes centros del territorio nacional.

Asimismo, a la cifra de fallecidos hay que sumarle la falta de medicamentos, suministros sanitarios y de atención sanitaria básica que provocó un sufrimiento extra a las personas residentes de estos centros.

Ante tales datos, muchos familiares perjudicados están interponiendo demandas por la gestión de las residencias.

Solicitud de demandas por la gestión de las residencias

De esta manera, la solicitud de demandas por la gestión de las residencias durante la crisis de COVID-19 ha hecho más que empezar. Algunas las solicitan directamente particulares y en otras ocasiones los familiares se unen en asociaciones.

La Asociación del Defensor del Paciente, que reúne las demandas de 300 personas con familiares fallecidas por COVID-19 en residencias, ya ha anunciado que va presentar una demanda por responsabilidad matrimonial.

Dicha demanda irá dirigía contra el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid y varios geriátricos.

El principal punto de controversia, y en el que va a basar la demanda, es por la muerte de pacientes que no fueron derivados desde las residencias a los servicios de urgencias de los hospitales de Madrid o por aquellos que fallecieron debido a que el traslado se produjo que retraso.

Asimismo, se hará por la vía administrativa que regula el Derecho Administrativo.

Desde la asociación indican que nunca van a ir contra el personal médico. “Ir contra un médico o contra un geriatra es injusto. Por eso hemos abierto una vía de responsabilidad patrimonial contra la administración pública”, apuntan desde la Asociación del Defensor del Paciente.

Está por ver adónde llegan las demandas por la gestión de las residencias, pero aclaran que en caso de que se deduzca que la omisión ha sido constitutiva de delito no tendrán reparo en que se traslade la causa a la vía penal, una vez se termine con el proceso administrativo.

Los mayores son la población más vulnerable al COVID-19

Las demandas por la gestión de las residencias también llega después de comprobar que el grupo de edad más vulnerable es la mayor a los 65 años, aumentando con la edad.

De hecho, por debajo de esa edad se está observando que el número de pacientes que requiere asistencia sanitaria se reduce de forma considerada.

La población mayor presenta un sistema inmunológico más desgastado y en ella aumenta las posibilidades de padecer enfermedades crónicas, por lo que hace que aumente la posibilidad de sufrir con más virulencia la COVID-19.

Por ello, la entrada del virus en las residencias puede fatal para las personas que viven en ella. Se pueden convertir en focos de contagios peligrosos para su población.

Ahora, con la desescalada y la entrada en la “nueva normalidad”, las asociaciones de expertos destacan la importancia de considerar la estructura demográfica de la población para tomar medidas preventivas y evitar que los ancianos, con gran peso en España, vuelvan sufrir el envite del virus ante un probable rebrote.

Ante todo, esto las demandas por la gestión de las residencias no han hecho más que empezar y se verá cuál es el recorrido que hacen y las resoluciones judiciales para dirimir responsabilidades.